Ante el cambio climático urge la regulación de aguas, Imco; el problema del agua se remite a desafíos relacionados con la gestión y el acceso a los recursos hídricos.
En el país la gestión de los recursos hídricos se divide entre la Federación, los gobiernos locales y los organismos de cuenca, de tal forma que el problema del agua se remite a desafíos relacionados con la gestión y el acceso a los recursos hídricos, señala el Imco en un comunicado.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) realizó un análisis del marco regulatorio actual, y concluyó que la aprobación de una nueva Ley General de Aguas, en la CDMX y a nivel general, es una asignatura pendiente en el Congreso de la Unión desde 2012, es urgente para desarrollar una regulación que fomente una eficiente gestión de los recursos hídricos.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), señaló el IMCO, la escasez de agua para la población urbana mundial se duplicará en 2050 debido a las sequías.
Así, para iniciar el camino hacia la resolución del problema, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) debe promover una mayor coordinación entre los responsables de la gestión del agua.
«Es necesario abordar el problema de la ausencia de actualización de los lineamientos para la extracción y uso de aguas, así como de las disposiciones para otorgar concesiones; esto permite un control más estricto del uso de los recursos hídricos con fines sostenibles y una mayor transparencia hacia los usuarios», señaló el Instituto.
El IMCO consideró diferentes obstáculos para establecer una gestión eficiente del agua en el país, algunas de estas son las siguientes:
Falta de coordinación entre los actores del gobierno a distintos niveles, lo que dificulta el desarrollo y aplicación de políticas públicas eficientes para manejar los recursos de manera sostenible.
Ausencia de actualización de las disposiciones para otorgar concesiones; la demanda de agua no está basada en la oferta real, dicha demanda puede variar año con año debido a las sequías y a la disminución de las precipitaciones.
Deficiencias en los sistemas de medición y monitoreo; 97 por ciento de los títulos de concesión registrados en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) no tienen medidor y 93 por ciento no han sido verificados.
Reducción de la vigilancia; entre 2011 y 2018, el promedio de visitas de vigilancia anuales fue de 8 mil 129, mientras que entre 2019 y 2022 fue de 2 mil 334, lo que significa que México experimentó una reducción significativa en la vigilancia del uso del agua.
Reducción de financiamiento a la Conagua; el presupuesto de este organismo disminuyó aproximadamente 50 por ciento entre 2014 y 2022.
Las autoridades en los tres niveles de gobierno necesitan rotar hacia un marco legal y regulatorio que permita asegurar el acceso equitativo al agua y que garantice el derecho de los ciudadanos a un suministro de agua seguro, limpio y asequible.
A partir de este diagnóstico, el IMCO propone una serie de recomendaciones para la problemática de la gestión del agua desde los ángulos de sostenibilidad y regulación:
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Congreso de la Unión deben garantizar recursos suficientes para que la CONAGUA pueda invertir en tecnología y recursos humanos con el fin de desarrollar un sistema de información de recursos hídricos robusto y confiable.
La Conagua y el Congreso de la Unión deberán ajustar los volúmenes abiertos a concesionar para extracción de agua superficial o subterránea que reflejen la disponibilidad anual y no superen la disponibilidad ambientalmente sostenible.
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